La definición legal de “mujer” se basará sólo en el sexo biológico.
En un momento en el que el Reino Unido se encuentra inmerso en un encendido debate sobre derechos de género e igualdad, el Tribunal Supremo ha emitido un fallo que ha generado un torbellino de reacciones. La decisión, que establece una interpretación estrictamente biológica de la definición de la palabra ‘mujer’, conforme a la Ley de Igualdad de 2010, ha puesto de nuevo sobre la mesa la controversia entre los derechos de las mujeres y de las personas trans.
El histórico fallo del máximo órgano judicial del Reino Unido pone de manifiesto las profundas divisiones que existen en la sociedad británica respecto a este complejo tema. Los jueces, al clarificar que el término ‘mujer’ se refiere exclusivamente a individuos de sexo femenino biológico, parecen respaldar una visión tradicional que depone cualquier lectura más moderna o inclusiva del género.
Sin embargo, la sentencia va más allá de una simple afirmación sobre el lenguaje. Se extiende a servicios y derechos que tienen un impacto crucial en la vida diaria de numerosas personas. De ahora en adelante, refugiados para víctimas de violencia doméstica y agrupaciones deportivas, entre otros servicios, podrían verse obligados a ajustar su acceso basado en estas definiciones.
La respuesta por parte de los defensores de los derechos de personas trans ha sido crítica. Este grupo ve el fallo como un obstáculo en una largamente persiguida meta de igualdad de derechos. Sin embargo, el tribunal fue claro en su resolución, subrayando que las protecciones específicas para las mujeres trans caerían bajo la cláusula de ‘reasignación de género’ –otra categoría protegida bajo la misma ley de igualdad.
Mientras el gobierno del primer ministro Keir Starmer defiende la claridad que, arguenden, el fallo ofrece en materia de servicios segregados por sexo, muchos advierten sobre los posibles efectos escalonados que podrían resultar de una interpretación legal tan restrictiva. No obstante, el Tribunal Supremo ha querido dejar en claro que su papel no es formular políticas sociales, sino interpretar el significado legislativo definido por el Parlamento.
