Polémica sobre el proyecto que amenaza el estatus sanitario de la región patagónica

Continúa la polémica en torno a la iniciativa presentada por el diputado Martín Ardohain del PRO, por la Provincia de La Pampa, que busca eliminar la Barrera Zoofitosanitaria de los ríos Barrancas-Colorado. Esta propuesta ha generado fuertes críticas por parte de productores patagónicos y ahora también por parte de los legisladores del bloque Juntos Somos Río Negro.

En respuesta a esta preocupación, los legisladores rionegrinos han presentado un Proyecto de Declaración en el cual expresan su total rechazo al proyecto de ley. Además, han elevado un Proyecto de Comunicación al Honorable Congreso de la Nación para que se rechace el tratamiento de esta iniciativa.

Facundo López, presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, ha manifestado su rechazo rotundo a este proyecto de ley, argumentando que el mismo pone en riesgo el estatus sanitario logrado después de años de trabajo e inversión público-privada. López destaca que países vecinos como Uruguay y Chile son libres de fiebre aftosa sin necesidad de vacunación, mientras que Brasil trabaja cada año para alcanzar ese estatus. En contraste, la propuesta pampeana busca retroceder y poner en peligro los logros alcanzados.

Según López, el proyecto impulsado por los frigoríficos de La Pampa, quienes buscan exportar más carne, no tiene en cuenta la necesidad de unificar el estatus sanitario de manera superior, no inferior. No se trata de una discusión sobre si se debe tener o no una barrera, sino de mejorar el estatus sanitario en todo el país. El legislador resalta que esta propuesta demuestra falta de experticia técnico-sanitaria, desconocimiento de acuerdos internacionales y una superficialidad preocupante.

Los legisladores rionegrinos señalan en sus proyectos que la determinación del estatus sanitario no puede reducirse a una cuestión comercial y que no es potestad del Congreso Nacional modificarla. Este estatus es otorgado por organismos sanitarios internacionales y luego validado por los mercados correspondientes. Advierten que el proyecto de ley en cuestión muestra un desconocimiento alarmante de la normativa y acuerdos internacionales en la materia.