La vigencia de un amparo colectivo por las condiciones en las que trabajan los operarios del vertedero municipal promete meterse en la licitación que impulsa el Ejecutivo. Es que si bien el pliego, que estará en discusión en el Concejo Municipal, prevé la contratación de una empresa que arribará con sus propios empleados, desde la dirigencia del Soyem buscarán conocer en detalle qué sucederá con los hombres y mujeres que ya se encuentran en el lugar.
María Fernanda Alonso, secretaria adjunta del gremio, confió que decidieron presenciar la última sesión extraordinaria preocupados por quienes hace años se desempeñan en una situación “delicada”, tal como confirmó hace algunos meses el juez de amparo, Rubén Marigo.
La referente sindical comentó a Bariloche2000 que el 3 de febrero se realizará una nueva audiencia judicial en la que se presentará el informe que elaboró el gremio y también aquel que certificó la Secretaría de Trabajo. Además dijo que continúa abierta la posibilidad de que puedan sumarse otras organizaciones civiles e incluso reconoció que esperaban el apoyo de los concejales que votaron por el cierre del lugar estando activa una medida judicial.
El secretario gremial, Cristian Umaña, confió que no hubo avances en las mejoras de las condiciones de trabajo y que incluso la situación empeoró. Explicó que actualmente una empresa trabaja en el lugar, la misma que fue contratada en octubre a cambio de 500.000 dólares, pero que la falta de conocimiento técnico hace que la situación general sea preocupante.
En ese marco se refirió al último gran incendio en el basural, que el propio gobierno señaló como intencional, y dijo que se tomaron represalias contra un sereno. Es que, según reveló, el hombre se enteró de un procedimiento administrativo en su contra por una publicación en un medio local antes de la notificación formal.
“Repudiamos totalmente el accionar del gobierno”, agregó acerca de la exposición que habría dado el Ejecutivo al caso sin haber finalizado la investigación interna.
Alonso explicó que el gremio se mantiene pendiente de las gestiones que encara el gobierno por el vertedero, especialmente para resguardar al personal pero no solo por las fuentes de trabajo sino también por las condiciones de un lugar que, por caso, cuenta con un baño para 60 personas tal como se confirmó en una inspección ocular del juez.
Ante esta situación es que decidieron seguir de cerca el tratamiento en comisiones que tendrá el pliego de licitación, ya que luego de la votación por el cierre definitivo se había comenzado con una serie de reuniones para definir el destino del personal. Pero esta nueva decisión cambió la hoja de ruta: “ahora nos encontramos con un pliego de licitaciones que tampoco fue lo que se había pedido”, confió.
