El planteo fue propuso por senadores de UC al ministro de Economía, Luis Caputo.
En medio de un clima de crecientes debates por la privatización de recursos naturales, un grupo de senadores nacionales de las provincias patagónicas Neuquén y Río Negro elevó una propuesta al ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo.
Este grupo de legisladores, que forma parte del bloque Unión Ciudadana, ha propuesto limitar al 50% la privatización de las acciones de varias represas hidroeléctricas, al tiempo que solicitan que las acciones restantes sean repartidas entre las dos provincias.
El eje de la discusión recae principalmente sobre el manejo de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Aguila. Estas centinelas hidroeléctricas, que han visto transformadas su naturaleza jurídica a sociedad anónima mediante el Decreto 718/24, están en el centro de una disputa por la solución más adecuada para su manejo, propiedad y proyecciones futuras.
Los senadores proponen radicales transformaciones al Decreto 895/2024, clamando por una reconsideración completa sobre el destino del 50% de la venta actual destinada a capitales privados. Según los legisladores, los recursos deben quedar dentro de las mismas provincias en cuya geografía y esencia se encuentran estos recursos naturales estratégicos. Se anima a evitar que las privatizaciones prioricen la amortización de la deuda externa en lugar del crecimiento regional.
Cabe destacar que los legisladores argumentan que la operatividad de estos complejos hidroeléctricos nunca ha garantizado ingresos significativos ni ha asegurado reinversiones cruciales para la expansión de la capacidad eléctrica argentina. Además, denuncian que las provincias, en su rol de actuales poseedoras de recursos naturales, están siendo sistemáticamente excluidas de ser consultadas y consideradas para cualquier toma de decisión que afecte potencialmente el escenario local, económico y social.
En un esfuerzo legislativo, que puede romper las futuras iniciativas financieras basadas puramente en la capacidad adquisitiva internacional, los redactores proponen que cualquier movimiento económico no incremente el capital privado de cualquier manera que degrade los recursos genuinos para interés foráneo.
