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Proponen que policías denunciados por violencia de género, no porten armas y que funcionarios judiciales tengan 12 horas para pedir la expulsión del agresor del hogar

Se trata, por un lado, de la prohibición de la portación de armas de dotación a agentes policiales y penitenciarios que hayan sido denunciados por violencia intrafamiliar o de género (proyecto 14414). Por otro lado, la segunda iniciativa, incorpora a la ley de “Protección a las víctimas de violencia familiar” el plazo máximo de 12 horas con los que contarán el juez o fiscal para solicitar la exclusión de la vivienda del agresor en los casos en que ejerza violencia física o su presencia en el hogar implique riesgo de femicidio (proyecto 14415).

La iniciativa para limitar la portación de armas establece la restricción en la portación, tenencia y transporte del arma oficial para los efectivos policiales y penitenciarios sobre quienes recaiga una denuncia de violencia de género, violencia intrafamiliar (leyes 2785 y 2786) o denuncia penal. Es decir que, según corresponda, se suspenderá preventivamente su condición de legítimo usuario o se aplicará dicha suspensión sobre su permiso de portación de armas y municiones particulares. El levantamiento de estas medidas requerirá una autorización expresa otorgada por la autoridad que determine el Poder Ejecutivo.

Una vez sancionada la ley, el cuerpo policial deberá modificar sus normas y procedimientos internos para adecuarlas a la norma y determinar los casos específicos en los que se aplicará la restricción. En efecto, la ley indica que, cuando exista una denuncia por violencia de género o intrafamiliar (con medidas dictaminadas por las leyes y/o una denuncia penal vigente), el agente deberá retirar el arma al ingresar a la jornada de servicio y devolverla al finalizarla. 

En tanto, la iniciativa que promueve la exclusión del hogar por parte del agresor y no de la víctima, lo hace al incorporar el artículo 25 bis a la ley 2212 (modificada por la ley 2785), el que determina que el juez o fiscal tendrá un plazo máximo de 12 horas para pedir la expulsión del agresor de la vivienda compartida con la víctima de violencia de género. 

La iniciativa apunta a “dar vuelta el argumento” ya que en la actualidad quien abandona la vivienda es la mujer y no el agresor. La funcionaria municipal argumenta que los plazos vigentes “son demasiado laxos” por lo que se debe avanzar en la celeridad de los mismos, y explica que las mujeres que sufren de violencia familiar en sus hogares, suelen refugiarse en la casa de algún familiar o “quedan a la deriva”, a la espera de poder ser alojadas en algún espacio institucional como un refugio para mujeres víctimas de violencia. “Estos espacios son importantes y deberán seguir existiendo mientras se trabaja para lograr una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Pero lo cierto es que solo deberían ser utilizados en situaciones especialísimas, nunca cuando la mujer que sufre la situación de violencia tiene un hogar”, sostiene Oehrens.

Los fundamentos de las medidas explican que la violencia de género es un mecanismo de disciplinamiento por el cual se sostienen las desigualdades entre varones y mujeres impidiendo el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y manteniendo límites sociales, políticos, económicos y culturales fijados tradicionalmente.

Amas propuestas constituyen mecanismos para resguardar la seguridad de las mujeres. En ese sentido, la funcionara municipal retoma las estadísticas que indican que, en el país, una mujer muere por motivos de género cada 30 horas.

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