Este martes, se llevó a cabo un allanamiento en el consultorio de un psicólogo de El Bolsón, en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos públicos y corrupción.
El operativo fue realizado por el Fiscal Jefe Carlos Díaz Mayer, junto a la División Policial de Investigaciones, y contó con la colaboración del personal policial local. La diligencia se efectuó en una vivienda ubicada en la calle Alberti, donde se procedió al secuestro de varios dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, una notebook, un CPU, así como una agenda personal y documentación variada.
El allanamiento fue autorizado por el Juez de Garantías Víctor Gangarrosa, y los investigadores buscan esclarecer la posible falsificación de certificados de licencias médicas.
A través de un comunicado, el Licenciado Gustavo Martín Husak, el profesional sospechoso se defendió de las acusaciones y expresó su preocupación por el daño a su reputación. Husak aseguró que la investigación en su contra es solo una indagación preliminar y que aún no ha sido notificada formalmente como imputado. Además, destacó que las acusaciones están afectando su vida personal y profesional, y generando confusión entre sus pacientes y colegas.
“Quiero hacer pública mi situación en relación a los hechos recientes que han circulado en los medios de comunicación”, comenzó el psicólogo, aclarando que siempre se ha desempeñado de acuerdo con los principios éticos y de responsabilidad que la profesión requiere. Según explicó, su rol consiste en realizar evaluaciones y acompañar a sus pacientes en tratamientos, y solo en determinados casos, cuando sea adecuado, recomendar días de licencia, “especialmente cuando se trata de casos de violencia institucional que impactan directamente en la salud mental de los afectados”. Sin embargo, subrayó que la emisión de licencias médicas no es parte de sus responsabilidades como profesionales.
Husak señaló que si hubo algún mal manejo en la emisión de licencias, ello corresponde a la administración pública y no a su rol como psicólogo independiente. “Es fundamental que se pongan en perspectiva las decisiones y responsabilidades de cada una de las partes involucradas”, manifestó.
“Si la administración pública emitió licencias sin contar con una certificación de un psiquiatra – si es que esto fuese necesario según su criterio o normativa interna – esa potestad y responsabilidad recaen en la misma administración pública y no en mí como profesional independiente” manifestó.
“Este proceso de investigación debería enfocarse en determinar si fue la administración pública la que obró de forma incorrecta o con desconocimiento en el manejo de sus recursos humanos” agregó.
El psicólogo también dejó en claro que, en cuanto sea formalmente imputado, él y su abogada, la Dra. Marcela Fragala, quedarán a disposición de las autoridades para aclarar cualquier duda sobre la investigación. La causa continúa siendo investigada.
