Cinco gendarmes fueron procesados por el robo de 15 ladrillos de cocaína de un cargamento de 26,730 kilos que había sido incautado y puesto a resguardo en el Depósito Judicial del Escuadrón 63 “Zárate -Brazo Largo” y dos de ellos quedaron presos, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

El faltante fue descubierto el 2 de septiembre pasado, tras una denuncia de otros miembros de esa fuerza de seguridad. La intención de los gendarmes involucrados era que nadie notara que más de 16 kilos de polvo blanco habían desaparecido de la caja identificada como “efecto nro. 469″ hasta el día de la quema de la droga, y así lograr impunidad.

Pero la maniobra se descubrió tras la denuncia y, posterior, investigación del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Así, se reveló el plan de dos gendarmes de alto rango del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses del Escuadrón para sustraer más de 16 kilos de cocaína. Esos dos jefes recibieron prisión preventiva por sustracción de efectos secuestrados -peculado-, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes con fines de comercialización, agravado por ser cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de esta clase de delitos y falsedad ideológica.

Se trata del Segundo Comandante Nicolás Martín Rolleri y el Alférez Andrés Gustavo Ismael Dávalos. Fueron, además, embargados por 25 y 30 millones de pesos, respectivamente. El resto de los involucrados, Ariel Alejandro Cruz (Sargento Primero), César Manuel Rengifo (Cabo Primero) y Silvia Alejandra Clapier (Cabo Primero) fueron liberados, pero siguen atados al proceso debido a que, para el juez, contribuyeron y dieron ocasión a que el robo pudiera llevarse a cabo.

Los tres subalternos “acordaron no denunciar los hechos ilícitos de los que habían tomado conocimiento, y al mismo tiempo se propusieron ocultar, alterar o hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos de un delito”, indicó la resolución a la que tuvo acceso este medio.

Para entender el caso hay que remitirse al 23 de junio pasado. Ese día, la Sección Seguridad Vial Lima (un puesto clave de Gendarmería) informó que, en un operativo de rutina en la Ruta Nacional 9, se había procedido al control de un camión de transporte de cargas generales y que el can adiestrado había reaccionado ante cinco encomiendas que provenían de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Salta.

En efecto, esas encomiendas contenían 25 ladrillos de cocaína con un alto grado de pureza y el sello de delfín, símbolo de calidad en el mundo narco. En total, el secuestro arrojó un peso total de 26,730 kilos.

El juez de Campana dispuso la entrega vigilada de las encomiendas interceptadas con la sustitución total de los narcóticos por envoltorios de idénticas características y peso, lo que permitió la detención de las dos personas que se acercaron a retirar los paquetes.

La droga, desde su incautación, permaneció en el depósito del Escuadrón 63, bajó llave y con la nómina “efecto nro. 469″: una caja con los paquetes identificados del M1 al M25. El 18 de julio pasado se realizó la pericia de la droga.

De acuerdo a la denuncia, cuatro días después Dávalos le pidió a uno de los cabos del Grupo de Criminalística, responsable de la cadena de custodia del cargamento secuestrado, que se presentara en su oficina. Le comunicó, en ese momento, que faltaban el M1 y el M25. “¿Qué podemos hacer?”, lo inquirió. “Hablar con el jefe”, respondió con ingenuidad el cabo. “No le hablemos a él porque van a abrir un administrativo, vas a pasar a disponibilidad”, finalizó la charla Dávalos.

Media hora más tarde, lo volvió a llamar. Esta vez, le indicó los pasos a seguir: “Vamos a hacer esto, yo voy a hacer la pericia, voy a firmar como que están los 25 paquetes acá, voy a mandar al laboratorio las muestras para que ellos remitan la cantidad de pureza que acabo de decir y yo voy a presionar como que se haga la quema y ahí es como que nunca pasó nada, que se quemaron los 25 paquetes”, detalló. Y cerró: “Está de más que te diga que no le tenés que decir a tu mujer, tus familiares”.

En ese momento, el “efecto nro. 469″ pasó a manos de Dávalos. Luego, se descubriría que se trataba de una maniobra para apoderarse de la caja y poder acceder a su contenido total. Pasaron 23 días desde que la caja egresó del depósito judicial para peritar en laboratorio hasta su reingreso, cuando el procedimiento habitual indica que debía regresar el mismo día o los dos subsiguientes, excepcionalmente.

El 10 de agosto desapareció de forma misteriosa la llave de acceso al depósito. Rolleri ordenó, entonces, llamar a un cerrajero. La visita de “Oscar Rodríguez”, el cerrajero, quedó registrada en el libro de guardia; como así también la factura que pagó Cruz. “Iba a pagarlos el jefe, pero en ese momento no pudo y por eso hice la transferencia. Quedamos en que los gastos los íbamos a afrontar todos y que luego, se lo pasábamos al Escuadrón 63 para que nos lo reincorpore”, contó el gendarme en su indagatoria.

Lo curioso es que los detectives de la Policía Federal que participaron de la investigación no lograron hallar al cerrajero, aunque la cerradura se cambió. Creen que podía haber sido una maniobra para justificar los movimientos irregulares.

Tras el procesamiento, González Charvay pidió a Asuntos Internos de Gendarmería el arqueo total del depósito judicial del escuadrón para verificar que no haya otros faltantes.