Política y Economía
Represión en el Congreso: el CELS denuncia operativo policial desmedido y arbitrario
En un fuerte revés para las autoridades involucradas en el operativo policial desplegado en las inmediaciones del Congreso durante la votación de la ley Bases, la jueza María Servini ordenó la liberación de 11 de los 16 detenidos que permanecían bajo custodia. La medida fue tomada debido a la falta de pruebas que corroboraran la responsabilidad de los acusados en actos delictivos durante la manifestación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunció enérgicamente respecto a la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, denunciando que se detuvo “gente al voleo” y exigiendo una investigación exhaustiva sobre el operativo policial desmedido. Paula Litvachky, directora del organismo, destacó la importancia de respetar el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresar sus opiniones sin temor a represalias.
El CELS también hizo hincapié en las denuncias realizadas por algunos diputados y en la necesidad de preservar el espacio de debate y protesta en el ámbito público. Litvachky criticó la postura violenta del gobierno de Javier Milei frente a las movilizaciones ciudadanas, señalando un patrón de actuación represiva por parte de las autoridades.
Por su parte, la resolución de la jueza Servini confirmó las sospechas planteadas por el CELS, al considerar que las detenciones durante la jornada de protesta fueron arbitrarias y carecían de fundamentos sólidos. La liberación de los detenidos por falta de mérito ha dejado al descubierto las falencias en la investigación liderada por el fiscal Carlos Stornelli, quien intentó vincular los sucesos con un supuesto intento de golpe de Estado.
A pesar del alivio experimentado por los liberados, el CELS advirtió que las secuelas del encarcelamiento son profundas no solo para los afectados directos, sino también para la sociedad en su conjunto, al sentarse un precedente negativo en cuanto a la libre expresión de opiniones contrarias al gobierno.
La directora del organismo planteó abiertamente la discusión sobre la verdadera fuente de violencia en estos eventos, cuestionando si proviene de los manifestantes o de las autoridades a cargo de garantizar la seguridad en espacios públicos.
En medio de un clima de incertidumbre y cuestionamiento a las prácticas represivas, la liberación de los detenidos por falta de elementos incriminatorios ha sacudido los cimientos de la investigación judicial, dejando al descubierto la fragilidad de las acusaciones y la necesidad imperante de garantizar un debido proceso para todos los ciudadanos involucrados en manifestaciones sociales.
