En el lapso de un año un cipoleño intentó ejecutar cuatro robos y hurtos en la vía pública con el mismo desenlace: fue detenido sin lograr su propósito. El más llamativo fue el robo de una caja de cartón de un auto estacionado que contenía dos autitos de juguete y ningún elemento de valor monetario.
El hecho ocurrió en 2021 y el imputado recibió una pena de 8 meses de prisión condicional luego de arribar a un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa. Se sumaron en ese proceso otros tres robos.
El curioso hecho ocurrió el 12 de agosto de 2021. J.V. rompió la cerradura de un Fiat 147 que se encontraba estacionado en la calle Esquiú. Sustrajo del interior del vehículo una caja de cartón que contenía una gorra, un pote de alcohol en gel, una franela y dos autitos de juguete.
En el juicio abreviado se incorporaron varios hechos de robos y hurtos contra V. Meses después del primer hecho, le robó un teléfono celular a un joven que circulaba por la plaza de la calle Naciones Unidas.
Le dijo que tenía un arma de fuego y que le diera el móvil. Luego intentó huir, pero otra vez fue detenido por efectivos policiales a 80 metros del lugar. Fue trasladado a la Comisaría 79 y luego recuperó su libertad.
El modus operandis de V. se repitió el 3 de agosto del año pasado. Abordó a un joven en la vía pública y tras amenazarlo le robo una campera y 200 pesos. Otra vez fue detenido por policías y demorado en la unidad 79. Se le inició una tercera causa penal por robo simple.
Finalmente se le imputó un cuarto hecho de similares características. Esta vez el 4 de agosto de 2022. Le robó 600 pesos a un niño de 12 años en la intersección de las calles Alem y Libertad. Fue detenido minutos después.
El juez de juicio Marcelo Gómez homologó el acuerdo contra V. y le impuso una pena de 8 meses de prisión en suspenso. Anabella Camporesi fue la fiscal que intervino en el proceso, mientras que el imputado contó con la asesoría técnica del defensor oficial Sebastián Nolivo.
Se dispuso de una serie de medidas que el imputado debe respetar entre ellos concurrir al área de salud mental de un hospital público para que se determine la necesidad de realizar un tratamiento para el consumo problemático de estupefacientes y en su caso, deberá también acreditar la concurrencia de esos espacios terapéuticos “todo en un plazo de 6 meses de dictada la sentencia”.
Temas
Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!
