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Política y Economía

Se convoca a una movilización para el miércoles, tras el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria

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El presidente Javier Milei ha generado controversia tras vetar por completo la Ley de Movilidad Jubilatoria el pasado viernes por la noche. Esta ley, que proponía un incremento en las jubilaciones, no verá la luz del día debido al decreto presidencial que se formalizó este lunes. Conoce el veto-decreto 782/2024 haciendo click aquí.

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La medida ha suscitado una oleada de indignación y no ha tardado en encontrarse con una respuesta organizada. Diversos movimientos sociales han convocado a una protesta que se llevará a cabo el miércoles 4 de septiembre. La movilización partirá desde el Congreso y se dirigirá hacia la histórica Plaza de Mayo. Esta manifestación también contará con la participación activa de jubilados, el grupo directamente afectado por la política reciente del ejecutivo.

La reacción contra el veto no se ha limitado a las calles. En los últimos días, se ha iniciado una campaña para recoger firmas como medio de presión social. Con la consigna de ‘Con los Jubilados NO’, se espera que la campaña adquiera suficiente importancia como para conseguir el millón de firmas planteado. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, enfatizó la necesidad de ‘poner el cuerpo’ en esta lucha.

Pero las manifestaciones no están exentas de riesgos. La semana pasada, durante una protesta similar, la policía de la ciudad reprimió a los jubilados empleando gas pimienta, causando una oleada de críticas. Nicolás del Caño, figura visible de la izquierda argentina, utilizó sus redes sociales para condenar esta acción y sostuvo que la única respuesta efectiva a este gobierno es la movilización popular. Del Caño también denunció la reciente reducción en la cobertura del PAMI que afecta a 44 medicamentos, lo que agrava aún más la situación de los jubilados.

En definitiva, el clima social se encuentra tenso y cada vez más polarizado. Este miércoles se presenta como una fecha clave para medir el grado de descontento social y la capacidad de organización de aquellos que se oponen a las últimas decisiones gubernamentales.