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Se cumple un año de la explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque que dejó tres víctimas fatales

Hace un año atrás una explosión en la escuela albergue N° 144 sacudió a los habitantes de Aguada San Roque apenas empezaba la tarde. El albergue de las niñas fue el lugar que sucumbió por la explosión y el fuego que terminaron con la vida de manera inmediata de los trabajadores Nicolás Francés y Mariano Spinedi. Catorce días después falleció la docente Mónica Jara. La causa judicial tiene un año después diez imputados y en agosto vence el plazo fijado para la investigación.

Este 29 de junio, y a modo de reclamo de jusitica, el gremio docente ATEN -que figura como querellante en la causa – dispuso un paro por 24 horas, con una movilización que será acompañada por otras organizaciones sindicales y sociales.

El día de la explosión, el gasista matriculado Nicolás Francés estaba junto a su sobrino Mariano Spinedi. En un determinado momento los dos operarios junto a la maestra Mónica Jara concurrieron al albergue de las niñas. Alrededor de las 13:50 hubo una deflagración y un incendio que provocó la muerte inmediata de Francés y Spinedi, porque se registró una fuga de gas. La docente quedó en gravísimo estado. Fue trasladada a Mendoza, donde falleció el 12 de julio.

A partir de ese momento, la fiscalía con asiento en Cutral Co inició la investigación. La familia de las víctimas -Francés, Spinedi y Jara- forman parte de la querella junto al sindicato ATEN.

El 26 de abril de este año, la fiscal jefe Sandra González Taboada acusó a ocho personas, entre empresarios y funcionarios y el 8 de junio ocurrió lo mismo con dos funcionarios más. Es decir que, a esta altura, la causa tiene diez imputados por diferentes delitos.

El primero fue Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones, a quien se lo acusa de ser autor de estrago culposo agravado, con administración infiel en perjuicio de la administración pública como partícipe necesario. Su otro socio Eduardo Afione, constructor está acusado de ser autor del delito de estrago culposo agravado y tuvo conductas negligentes.

Para el caso del arquitecto que figura como representante técnico de la obra, Diego Bulgheroni pesa la acusación de estrago culposo agravado y en perjuicio de la administración pública, en calidad de partícipe.

En cuanto a Sergio Percat está acusado de estrago culposo agravado con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con administración fraudulenta, falsificación ideológica de documento público.

Por otra parte, están los funcionarios Raúl Capdevilla, director provincial de Obras Contratadas, se lo acusa de estrago culposo agravado y adminsitración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, como autor.

El director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba fue acusado por estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, como coautor.

Mientras que el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza está acusado como coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En cuanto al coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura del Ministerio de Educación, Gabriel Potas se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal, con homicidio culposo, en perjuicio de Mónica Jara.

El pasado 8 de junio se formularon los cargos contra el director general de la Modalidad Rural del CPE, Fabio Luna y la directora provincial de Nivel Primario, Patricia Cresatti.

Para la fiscalía, a la empresa Arte Construcciones SRL había sido contratada para las obras de ampliación de la escuela albergue N° 144. Lo hizo la Subsecretaría de Obras Públicas casi dos años antes -agosto de 2019- y a la vez, la firma subcontrató a un maestro mayor de obras (de modo irregular) que contrató al gasista.

La fiscalía tiene a su cargo probar las condiciones irregulares en las que se llevaron adelante los trabajos, que se firmó la conclusión de la obra cuando eso no había sucedido, a la vez de haberse emitido los pagos.

Por otra parte, los funcionarios de Educación deberán responder por qué la docente estaba en el lugar cuando la escuela seguía en obra y no se la debió incluir entre los establecimientos que retornaban a la presencialidad como el resto de los establecimientos. El plazo que tiene la fiscalía para llevar adelante la investigación corre hasta el 26 de agosto de este año.

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