Un grupo de senadores nacionales de la Patagonia reclamaron al Gobierno nacional una modificación al Decreto 895/2024, que busca privatizar al menos cuatro centrales hidroeléctricas de Neuquén y Río Negro, para limitar al 50% la venta de acciones en manos de Enarsa y Nucleoeléctrica S.A.. Además, propusieron que el 50% restante quede para esas dos provincias y que los dólares que ingresan por la venta de acciones a los privados no se puedan utilizar para el pago de deuda externa.
El pedido se canalizó a través de una carta enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, el 24 de octubre pasado y fue firmada por los senadores de Unión Ciudadana (Frente de Todos): los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag y los rionegrinos Martín Doñate y Silvina García Larraburu.
El foco está puesto en la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Pierdra del Águila, que fueron convertidas en sociedades anónimas recientemente, con el Decreto 718/24.
En el texto, los legisladores justifican su pedido al afirmar que el sistema de concesiones de represas “no ha redundado en beneficios económicos para el país, ni en inversiones para el mejoramiento y ampliación de ellas y mucho menos del sistema eléctrico argentino”, y que a pesar de ello, se “optó por la concesión al capital privado como mecanismo para la operación y mantenimiento” de las centrales.
Los senadores también recordaron que las provincias son dueñas de los recursos naturales donde se localizan las represas y que “no han sido tenidas en cuenta” para analizar la posibilidad de que ellas se hagan cargo de la operación y mantenimiento. “De acuerdo a la Constitución nacional los recursos son de las provincias y de acuerdo a las leyes 15.336 y 24.065 sobre la infraestructura de hidroelectricidad establece que un activo solo puede ser concesionado y nunca vendido” a un privado.
Por eso, solicitaron, se modifique el artículo 6 del Decreto 895, de manera tal que se licite el 50% del capital accionario de las cuatro sociedades anónimas creadas mediante el decreto 718/24, y que el 50% restante del capital quede reservado para Neuquén y Río Negro.
Según pudo saber este medio, esta iniciativa tendría el aval de los gobernadores Rolando “Rolo” Figueroa y Alberto Weretilneck, aunque ellos podría impulsar otras medidas de contenido similar para buscar el mismo objetivo. Es más, no se descarta que ante la privatización las provincias presenten amparos judiciales.
Otro de los pedidos de los senadores incluye una aclaración adicional al decreto 895, que establezca que las concesionarias que adquieran el 50% deben reinvertir su utilidades en el mantenimiento de las represas y la ampliación de infraestructura de generación y transporte. Pero además, que una vez terminada la concesión el patrimonio regrese al Estado.
Por último, los legisladores propusieron que los ingresos en dólares que entrarán al Banco Central derivados por la venta del 50% a empresas privadas “no pueden destinarse de ninguna manera a pagar deuda o intereses por deuda externa”.
El Decreto 895 publicado el 10 de octubre pasado fijó un plazo de 180 días para llamar a concurso nacional e internacional para la venta del paquete accionario en manos de las dos empresas estatales Enarsa y NASA. El reloj ya empezó a correr.
