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Sobreseyeron al empresario de la construcción acusado de defraudar a 59 familias

Un empresario dedicado a la construcción de viviendas fue sobreseído tras ser acusado de defraudar a 59 familias, quienes habían contratado sus servicios, pagaron con dinero o bienes personales, pero no recibieron nada a cambio. La decisión se tomó este jueves (24/11) en una audiencia solicitada por la Fiscalía luego de reconocer que no se lograron pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

En una audiencia virtual, Horacio Luis Souza y su abogado, Héctor Cancino, escucharon al fiscal Guillermo Lista, quien presentó la pericia contable que realizó la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) que no logró confirmar que existiera una maniobra pensada para estafar a los damnificados. En la ocasión el juez Martín Arroyo explicó que la querella había sido convocada pero no se presentaron a la lectura del reporte de la Fiscalía.

“Este ha sido un trámite complejo”, aseguró Lista respecto a un proceso que incluyó varias medidas de pruebas desde la primera formulación de cargos en abril de 2019. Explicó que se realizaron “análisis profundos” para discriminar cada uno de los hechos y establecer una hipótesis que permitiera pasar a otra etapa.

El fiscal recordó que los damnificados denunciaron a Souza por las operaciones realizadas para la construcción de viviendas y que, a pesar de las medidas de prueba logradas, se debía plantear que se encontraba agotada la instancia de investigación preparatoria e instar el sobreseimiento del acusado ya que no se lograron nuevos fundamentos para continuar.

Durante el reporte se pudo conocer que los peritos determinaron que, durante el periodo investigado, la empresa HS Negocios SRL no se encontraba en condiciones de cumplir con las obligaciones asumidas pero que, aun así, destinaba sus fondos al pago a proveedores, extracciones y compra de bienes.

Aquel informe pericial indicó además que los primeros incumplimientos se produjeron en diciembre de 2017. Para enero de 2018 no fueron entregadas ninguna de las siete viviendas comprometidas y que habían sido pactadas entre 2015 y 2016.

El fiscal agregó que durante diciembre de 2017 y enero de 2018 se comprometió la construcción de tres viviendas pero que tampoco fueron entregadas. Según la pericia, quedó demostrado que Souza asumió obligaciones contractuales cuando había incumplido en la entrega de otras.

De hecho, los peritos determinaron que los balances no reflejaban la verdadera situación económica de la sociedad. A modo de ejemplo, se explicó que los ingresos que obtenían eran reflejados como “ingresos por ventas” como si la operación estuviera finalizada.

En el análisis de las cuentas bancarias de la constructora se encontró que era habitual el rechazo de cheques que luego eran cubiertos con giros en descubierto, depósitos en moneda extranjera o en efectivo.

También quedó expuesto que las operaciones comerciales de la firma se realizaban a cambio de depósitos, pagos en efectivo o la entrega de otros inmuebles o vehículos. Estos últimos ni siquiera eran registrados a nombre de HS Negocios, por lo que se desconoce el destino de los mismos. Solo un auto fue transferido a nombre de la esposa de Souza.

Entre los movimientos de dinero más importantes que realizó la empresa se mencionaron presentaciones de cheques por 15 millones aunque se desconocen los destinatarios o motivos de los pagos. También se identificaron débitos por 44 millones de pesos en otra cuenta. Entretanto, las tarjetas de débito solo mostraron gastos no relacionados con la sociedad: se mencionaron compras en carnicerías, farmacias o un pet shop.

“No surgen movimientos individuales que respondan a una conducta recurrente que acrediten un uso indebido de los fondos”, señaló el fiscal acerca de la imposibilidad de sostener la tesis de una defraudación. Es por eso que intuyó que fueron los “vaivenes de índole financiero” los que no le permitieron cumplir con los compromisos.

“No se ha podido demostrar apariencia de algo que no fuera real”, insistió Lista para diferenciar el caso de una estafa y atribuyó lo ocurrido a la “peculiar modalidad” de funcionamiento de HS Negocios que, remarcó, no pudo ser ajena a quienes contrataron a la firma.

Para el fiscal, lo ocurrido con las 59 familias formó parte de un riesgo asumido en toda negociación y que la estafa exige un fraude que procura generar un error en la víctima con un perjuicio patrimonial. Además dejó en claro que Souza, en todo momento, intentó salvar a la empresa y reflotar la situación financiera.

“De ningún modo se podría avalar la tesis dela ardid o el engaño, que se consolida con dolo directo y descarta el dolo eventual”, completó antes de ratificar que no contaba con fundamentos que justificaran la apertura del juicio con probabilidad de condena.

Confianza pública

A su turno, el abogado defensor aseguró que Souza dedicó todos los recursos al cumplimiento de los contratos y destacó que fueron “innumerables” la cantidad de viviendas que se construyeron a través de HS Negocios. En ese punto es que lamentó la avanzada judicial porque la firma se encontraba sostenida por la confianza pública que “se vio totalmente destruida por quienes se presentaron como querellantes”.

“La primer noticia que tuvo de esta denuncia fue un procedimiento por el cual se le secuestró todo su sistema de computadoras, documentación y contratos, dejando a la empresa en un quebranto”, señaló Cancino quien además subrayó que el final del proceso determinó que ninguna de las conductas tipificaba en un fraude.

El abogado defensor dijo que se podrían haber tomado otros caminos previos a la denuncia penal como las intimaciones o las conciliaciones en instancias civiles. Es que, según dijo, esas opciones le hubieran permitido a Souza seguir trabajando con la empresa y cumplir con las familias “que hoy perdieron todo su patrimonio”.

Cancino explicó que la confianza sobre el empresario fue “desmantelada” por la investigación y entendió que a su cliente le costará “caminar tranquilo por Bariloche” luego de lo ocurrido. Ante esta situación es que adhirió al pedido del fiscal y pidió que los querellantes fueran condenados a pagar los costos del proceso judicial.

Sobreseimiento

El juez Martín Arroyo analizó las exposiciones y dejó en claro que existe una profunda diferencia entre el incumplimiento contractual y una estafa. Para el primer caso, explicó, los perjuicios que pudieran surgir se pueden resolver en el fuero civil ya que se trata de una situación distinta a un plan para cometer un delito.

Por otro lado entendió que no resulta descabellado que en el contexto macro económico de la Argentina una empresa caiga en una quiebra.

Arroyo reveló que el sobreseimiento contaba también con el acuerdo del fiscal jefe Martín Lozada y decidió desestimar las acusaciones de defraudación contra Horacio Souza. Sin embargo no hizo lugar al pago de los costos por parte de la querella porque consideró que existieron “razones plausibles” para investigar lo ocurrido, y mandó a imponer las costas por su orden.

Finalmente, y a pedido de la defensa, el juez ordenó que se le restituyeran todos los efectos secuestrados a Souza durante la instancia de investigación.

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