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Sobreseyeron al empresario Horacio Souza, por 58 estafas

El empresario Horacio Souza fue sobreseído por el juez Juan Martín Arroyo en torno a 58 hechos de estafa que le había atribuido inicialmente la fiscalía, que luego instó el sobreseimiento y retiró los cargos. Sin acusación fiscal, los denunciantes buscan puntos de acuerdo para constituir una querella única y empujar el caso de manera autónoma, como una querella privada.

La fiscalía había instado el sobreseimiento de Souza (65), luego de verificar la inexistencia de delito en los hechos denunciados. Como propietario de HS Construcciones, había firmado numerosos contratos para la construcción de viviendas pero nunca las concretó.

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En abril del 2019, el por entonces fiscal Sergio Pichetto lo acusó por 31 estafas. Más adelante, los fiscales Gerardo Miranda e Inti Isla reformularon cargos, en noviembre de ese mismo año, y acumularon todas las denuncias concretando una acusación por 58 hechos de estafas, con un perjuicio patrimonial varias veces millonario. Por entonces pidieron declarar la causa como compleja y solicitaron un año de plazo para completar la investigación. Posteriormente se otorgaron varias prórrogas y al culminarse la etapa penal preparatoria, la fiscalía pidió a la Oficina Judicial la fijación de una audiencia de sobreseimiento.

De acuerdo a la interpretación de los representantes de la ciudadanía el hecho resultó atípico y no existió delito. Todo podría resumirse, según se afirmó en un simple incumplimiento contractual por parte del empresario Horacio Sousa, propietario de la firma HS negocios inmobiliarios, que recibió pagos en efectivo, transferencias bancarias y entrega de propiedades, lotes y vehículos, sin haber concretado las construcciones con las que se había comprometido contractualmente. El perjuicio total de los damnificados supera los 30 millones de pesos.
El planteo fue aceptado por el juez Juan Martín Arroyo, quien argumentó que más allá de la cantidad de personas afectadas, había que diferenciar “entre lo que es un incumplimiento contractual de un delito penal. Si no, cada vez que una empresa que celebra un contrato no puede cumplir, entonces estaría cometiendo un delito penal. Y no es así”.

Con el criterio adoptado por los fiscales y la decisión del magistrado, la única alternativa para los damnificados es constituirse como querellantes en el caso y solicitar la conversión de la acción pública en acción privada e impulsar el avance del proceso de manera autónoma –sin la participación fiscal. Independientemente de lo manifestado, referido únicamente a la situación penal de Horacio Souza, los damnificados tendrán la posibilidad de impulsar un reclamo por vía civil.

En el caso, se había sostenido en la acusación inicial que Souza actuó intencionalmente a sabiendas de que no iba a poder concretar las obras contratadas, en función de una profunda crisis que enfrentaba la empresa HS Desarrollos Urbanos. Según se describió por entonces, Souza tenía deudas con proveedores, con sus empleados, tenía problemas de habilitación municipal para funcionar y todo ello ocurría a la par de una severa crisis económica que atravesaba el país y el sector de la construcción en particular.

No obstante todo lo anterior, según aquella acusación inicial que hoy ya no sostiene la fiscalía, Souza continuó “simulando solvencia económica” de la empresa, sabiendo que “el cierre de la misma era inevitable” y, peor aún, aseguró en la formulación de cargos que “todo lo que cobraba se lo apropió y no fue a la empresa”.

De hecho en la formulación de cargos se había sostenido que en una lectura rápida y poco profunda de la acusación, podría entenderse que los hechos enrostrados a Souza implicaban un simple incumplimiento contractual, pero el entonces fiscal enfatizó que Souza tuvo intención de engañar a sus clientes, porque desde junio o julio de 2018 su empresa empezó a enfrentar una crisis terminal.

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