Fueron constituidas entre 2021 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. Apuntan a dirigentes de Movimiento Evita.
En el ámbito de la política argentina, un nuevo escándalo ha surgido tras la suspensión de 196 cooperativas de trabajo, una medida adoptada por el Gobierno Nacional que ha generado debates entre diferentes sectores. Las cooperativas, constituidas entre los años 2021 y 2023, ahora están bajo un sumario administrativo dirigido por el Ministerio de Capital Humano a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Esta situación destaca irregularidades significativas en su formación, sugiriendo que algunas podrían haberse desviado de su propósito original de brindar ocupación legítima a sus asociados.
La crisis se centra en varias acusaciones de que un número considerable de estas cooperativas fueron fundadas por un reducido grupo de individuos, uno de los cuales habría tenido vínculos directos con al menos otras cuatro cooperativas contemporáneamente. De las 196 cooperativas afectadas, se detectó que 158 fueron establecidas con un mínimo de entre tres a cinco miembros, la cantidad permitida desde el año 2021 hasta su modificación en 2024. El INAES, en su defensa, expuso que tal práctica podría considerarse insostenible, especialmente cuando las cooperativas están ubicadas en áreas geográficamente distantes.
Dentro del elenco de fundadores acusados de formar múltiples cooperativas se halla Emilce Aguirre. Según las fuentes oficiales, Aguirre tiene un parentesco con Matías Aguirre, una figura política local que se autodenomina Concejal de Berazategui en sus redes. El Ministerio de Capital Humano destaca que la dirección registrada de algunas de las cooperativas de Emilce coincide con un local del Movimiento Evita, profundizando las sospechas sobre la legitimidad de estas entidades.
El Movimiento Evita, una agrupación política que suele estar envuelta en la organización de cooperativas, se encuentra ahora en el ojo del huracán debido a estas revelaciones. Con conexiones estrechas entre dadas personalidades políticas y las supuestas cooperativas en cuestión, la investigación inicial del INAES podría tener repercusiones más allá del cierre temporáneo de estas agrupaciones laborales. Esto plantea interrogantes serios sobre la posible instrumentalización de cooperativas como herramientas políticas, dejando en segundo plano su misión social original.
A medida que el caso se desarrolla, las implicaciones sobre el sistema cooperativo nacional y los potenciales abusos de organización permanecen bajo la lupa. Las autoridades mencionan que nuevas directrices podrían ponerse en marcha para garantizar la transparencia y la utilidad social de las cooperativas, asegurando que proporcionen las oportunidades laborales para las que fueron concebidas. El curso de esta polémica plantea preguntas inevitables sobre el futuro de estas entidades autónomas en el contexto económico del país.
