El gobierno de Milei extiende su ajuste al sueño de la casa propia y busca reemplazarlo con un nuevo instrumento.
Con la reciente eliminación del programa Procrear, que por años facilitó el acceso a un hogar familiar a un gran número de ciudadanos argentinos, el gobierno liderado por Javier Milei ha anunciado la implementación de hipotecas divisibles como parte de su nuevo esquema de financiamiento para la vivienda.
Este cambio se enmarca en un contexto de política sustentada en la reducción de la intervención estatal en el mercado inmobiliario, el que busca facilitar el acceso a créditos a través de “medidas menos complejas y adaptaciones a las condiciones actuales del mercado”.
Con la publicación de los Decretos 1017/2024 y 1018/2024, se oficializa el cierre del capítulo del Procrear y se inicia una nueva etapa con hipotecas “más adaptables, diseñadas para proyectos inmobilarios contemporáneos”. La eliminación del Procrear marca el término de un apoyo percibido como vital para la vivienda, por la flexibilidad en términos y condiciones que ofrecían sus variadas líneas, como la construcción de urbanizaciones completas o la habilitación de terrenos con infraestructura básica lista para habitar, todo a tasas de interés que beneficiaban a los argentinos con menos recursos.
Ahora, el centro de la estrategia son las hipotecas divisibles, un tipo de crédito que permite a cada propietario asumir responsabilidades por sus propios préstamos, enmarcados dentro de proyectos que manejan propiedades horizontales u otras formas de división. Este sistema aporta beneficios significativos al dividir deuda y responsabilidad entre los consumidores, quienes ahora pueden obtener hipotecas individuales para financiaciones específicas relacionadas a su propiedad, sin importar si estas aún no se han construido.
Además, se prevén ventajas relacionadas con el uso del derecho real de superficie. Este derecho legalmente establecido se erige como una herramienta crucial en la optención de garantías hipotecarias alternativas, ya que permite utilizar el potencial constructivo propio, incluso sobre terrenos ajenos, para respaldar las inversiones en ampliaciones arquitectónicas o proyectos de alto impacto habitacional.
Para asegurar el cumplimiento a largo plazo del financiamiento y dotar de segurida jurídica a todas las transacciones, se implementa también el registro detallado de boletos de compraventa para unidades aún no completadas. Esta acción resalta, en palabras del Gobierno, un “reforzamiento en la confianza pública del sector inmobiliario, atributo carente en modelos anteriores como el generado por el Procrear”.
No obstante, este nuevo modelo socioeconómico de vivienda no está exento de polémicas; las implicaciones sobre los sectores menos favorecidos -considerados en programas anteriores-, queda bajo la evaluación crítica de ciudadanos que aún buscan seguridad y continuidad en políticas de acceso a viviendas.
