El fiscal del caso, Guillermo Lista, se presentó este miércoles ante la jueza Romina Martini para dar un cierre definitivo al legajo judicial que instruía contra varios empleados municipales y otra persona que no trabajaba allí, a quienes había atribuido la organización criminal para vender 714 licencias de conducir de manera ilegal a personas que no cumplieron los requisitos establecidos por la ley.
Tres mujeres (Malén Celeste Castro, Mariana Noemí Villalobo y Alicia Vega) son las condenadas que recibieron penas en suspenso. El resto quedó desvinculado del caso.
La jueza Romina resolvió tal lo solicitado por las partes y aplicó una pena de tres años de prisión en suspenso para tres de las mujeres que integraban la organización criminal que vendió cientos de licencias de conducir de manera ilegal a personas que no acreditaron los requisitos. Otros doce imputados fueron sobreseídos.
Lista había acusado, por hechos ocurridos en fecha indeterminada, pero “ubicable en 2014, con anterioridad al 11 de diciembre, cuando Marcos Nicanor Aguirre, Sonia Ávila, Juan Carlos Barrientos, Eugenia María Carballo, Malén Celeste Castro, Romina Ceballos, Walter Fabián Gallardo, Juan Carlos López, Daniel Alberto Martínez, Juan Millalef, María Romina Paz, Nicolás Jaime Torres, José María Salazar y Mariana Noemí Villalobo acordaron conformar una asociación destinada a cometer delitos mediante el aprovechamiento de la condición de empleados públicos dependiente de la Municipalidad de Bariloche”. Lista incluyó en la acusación a Alicia Vega, que no cumplía funciones en el municipio.
En su teoría, que ahora no sostuvo de manera completa, había apuntado: “Concretamente, los imputados se organizaron con cierta estabilidad y permanencia para desplegar una pluralidad de maniobras delictivas relacionadas con la emisión de licencias de conducir, las cuales ofrecían, confeccionaban y entregaban a personas a cambio de dinero”, sostuvo el fiscal del caso en la acusación y agregó que eludieron “deliberadamente los procedimientos legales establecidos a tales fines y procurando un beneficio patrimonial para sí, afectando de ese modo el orden público al perturbar la seguridad y confianza social”.
En esa línea, la acusación inicial sostenía que para lograr su cometido “los imputados distribuyeron sus tareas: Aguirre, Ávila, Barrientos, Carballo, Castro, Ceballos, Gallardo, López, Martínez, Millalef, Paz, Torres y Zalazar se valieron de sus respectivas funciones en el área de licencias de la dirección de Tránsito municipal en razón de las cuales tenían acceso a recursos que les permitían llevar a cabo dichas acciones delictivas de manera idónea y solapada”.
Según el fiscal, “Vega tenía a su cargo la entrega y cobranza de las mentadas licencias, así como la captación de algunos destinatarios”, mientras que “Villalobo oficiaba de enlace entre Vega y los restantes miembros de la asociación”.
Había destacado en su acusación que “para la confección de cada una de dichas licencias, así como para otras de trámite regular, los imputados emitieron 973 certificados nacionales de antecedentes e infracciones de tránsito sin efectivizar liquidación alguna defraudando” al Municipio.
Sin embargo, este martes sostuvo únicamente la acusación contra tres de las mujeres, acordando una condena de tres años de prisión en suspenso y cumplimiento de pautas de conducta, mientras que, para el resto de los imputados, bregó por el sobreseimiento que, finalmente, dispuso la jueza Martini, ante la falta de controversia con la defensa, que propugnó por una idéntica solución al caso.
