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Trump analiza ofrecer dinero a extranjeros ilegales para que se vayan de Estados Unidos

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El mandatario indicó que podrían lanzar un programa que incluya un pago para que haya salidas voluntarias de su país.

En medio de un complejo panorama migratorio que ha generado numerosas críticas y debates tanto en el ámbito nacional como internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra evaluando una estrategia insólita y, por muchos, inesperada. El mandatario señaló que su administración está considerando la implementación de un programa destinado a ofrecer incentivos económicos a los inmigrantes indocumentados para que abandonen voluntariamente el país.

Desde su ascenso al poder en enero de 2017, Trump ha mantenido la promesa de aplicar políticas migratorias más estrictas con el objetivo declarado de frenar la inmigración ilegal. Su enfoque se ha centrado en reforzar la seguridad en las fronteras y en incrementar significativamente las deportaciones. Sin embargo, la posible creación de un programa de “autodeportación con apoyo financiero” sorprende por el giro que representa dentro de su política tradicionalmente más dura contra los inmigrantes sin documentos.

Trump no especificó la cantidad ni los detalles operativos del supuesto incentivo económico, pero dejó entrever que el objetivo sería facilitar que los migrantes irregulares regresen a su país de origen con algo de asistencia financiera por parte de Estados Unidos. “Nosotros les vamos a dar algo de dinero y un billete de avión”, afirmó, sugiriendo además que, en casos selectos, podrían facilitar su retorno en un futuro si cumplen con los requisitos legales para ingresar al país de forma regular.

Este anuncio se da en el contexto de una serie de medidas drásticas que han caracterizado su administración. Se ha observado un incremento en el número de arrestos migratorios y la ampliación de la infraestructura para detención en las cercanías de la frontera mexicana. La controversia se intensificó con el traslado de más de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador, hecho justificado bajo la aparentemente arcaica Ley de Enemigos Extranjeros, cuyo uso ha sido cuestionado tanto por defensores de los derechos humanos como por parte de la comunidad internacional.