A dos años y medio de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿hace falta seguir hablando de aborto? Hace falta. Para que la plena soberanía de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes sobre sus propios cuerpos sea una realidad en cada rincón de la Argentina; para que el tesón feminista que logró la legislación de un derecho no se transforme en letra de molde que no baja al llano, que no se conoce, que no se sabe que existe; para que los sectores que insisten en universalizar sus creencias personales no se interpongan en la puesta en práctica de una práctica de salud; para no aflojar “ni tantito así” en la disputa de sentidos comunes.

Porque hace falta seguir hablando de aborto, entonces, se acaba de presentar el “Reporte anual 2022: Los rumbos de la experiencia argentina con el aborto legal” en el marco del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health que tiene como objetivo monitorear la implementación de la ley de aborto para dar cuenta de los trazos estructurales de la política y evaluar la magnitud y dirección de los progresos y de los cuellos de botella.

En diálogo con Infobae lo expone Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES: “Toda política pública presenta una curva de aprendizaje que debe observarse para corregir el rumbo o reforzar decisiones. La información es siempre necesaria. No hay buenas decisiones con mala información. En ese sentido, el monitoreo debe ser sostenido y a largo plazo porque sirve tanto a decidores con responsabilidad de implementar la ley como para orientar acciones de incidencia de la sociedad civil y sostener el tema en la agenda pública. El monitoreo es una estrategia política para construir oportunidades de cambio”.

Cuántos, dónde y cómo

Según el último reporte del Proyecto Mirar, los abortos realizados en el sector público se incrementaron en un tercio entre el primero y el segundo año de implementación de la ley. Mientras en 2021 se registraron 73.487 interrupciones del embarazo, la cifra fue de 96.664 en 2022.

“Esta tendencia es similar a lo que ocurrió en otros países. Inicialmente, el número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, describe el informe.

Un siguiente dato que se destaca es el aumento del 98% de los servicios del sector público con atención de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) e interrupción legal del embarazo (ILE). Antes de la sanción de la ley, a fines de 2020, se contabilizaban 907 efectores que garantizaban abortos en centros de atención primaria de la salud y en hospitales; en 2021 ya eran 1327; y 1793 en 2022.

Pero la situación varía por provincia. Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego mantuvieron la misma o hasta disminuyeron la disponibilidad de servicios de IVE/ILE en los primeros dos años de ley. Así y todo, el aumento de acceso al aborto fue entre el doble y el triple en cuatro de esas seis provincias.

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Mariana Romero, médica e investigadora del CEDES y de CONICET, aclara con qué tienen que ver las subas a pesar de las bajas: “Los modelos de gestión que se van adoptando son diferentes y dinámicos. Algunas provincias concentran la atención en algunas instituciones y aumentan el acceso con más recursos humanos y atención con horarios amplios; en otras la estrategia es ampliar a través de centros de atención primaria y hospitales de referencia. El equilibrio que responde mejor a la demanda y urgencias de la población en una realidad dispar como la de nuestro país es probable que sea distinto en cada provincia”.

A la necesidad de diagnósticos de “sintonía fina” que permitan comprender al dedillo el piso de partida y las fortalezas y debilidades de los modelos de cada territorio se agrega la falta de relevamientos sistemáticos sobre cuántos son los servicios o prestadores en obras sociales y medicina prepaga.

Las únicas cifras por fuera del sector público las aporta la Superintendencia de Servicios de Salud a partir de auditorías continuas. Entre los resultados relevantes de la auditoría 2022 sobre 247 obras sociales surge que: se notificaron 4.966 prestaciones; que solo el 26% de las obras sociales difunden información en sus páginas web, redes sociales o cartillas acerca de las modalidades y canales de acceso a prestaciones IVE/ILE; y que se indican legrados, a pesar de ser una práctica no recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), poco segura para las beneficiarias y que genera un gasto injustificado.

“El legrado es una técnica que fue reemplazada porque exige más anestesia, más dolor para la paciente y resulta de menor eficacia que otros procedimientos. Hay profesiones que sostienen el uso del legrado por una combinación de razones, muy difíciles de justificar, que van desde una llana desactualización ─pese a haber cursos y guías─, desinterés en la atención del aborto, a razones oscuras vinculadas a cierta intención de generar un dolor extra e innecesario a la mujer que está atravesando un aborto”, advierte Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora asociada del CEDES.

Nada se sabe de lo que está ocurriendo en las 195 entidades de medicina prepaga, obligadas de igual forma a garantizar con oportunidad y calidad las prestaciones incluidas en la Ley 27610.

Figura también en alza la cantidad de tratamientos repartidos: en 2020 se distribuyeron 18.590 tratamientos, en 2021 fueron 74.071 ─el cuádruple que el año anterior─, y en 2022 la distribución fue de 90.900 tratamientos.

En ese marco, se entiende como un avance la decisión de diversas jurisdicciones del país de producir medicamentos para el aborto ─misoprostol y/o mifepristona─ en laboratorios públicos, porque facilita las oportunidades de compra de insumos por parte del Estado y la accesibilidad económica para las mujeres.

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, contextualiza el alcance de poder echar mano de las opciones terapéuticas: “La disponibilidad del misoprostol y mifepristona en los centros de atención primaria y en los servicios de salud sexual y reproductiva cercanos a donde están las personas, a donde viven, permite mejorar el acceso y la seguridad de la práctica del aborto. Es decir, el aborto con medicamentos es una tecnología muy importante para que los equipos de salud de los centros de atención primaria puedan realizar el proceso de tareas compartidas, tal como lo aconseja la OMS, y por lo tanto mejora el acceso y la calidad”.

Niñas, no madres

Siguiendo las investigaciones del Proyecto Mirar, la sanción de la Ley 27610 aporta al descenso de la fecundidad adolescente que se viene observando en Argentina. Es que la tasa específica de fecundidad en adolescentes (TEFA) de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, y de 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad ─43%, 45% y 49% respectivamente─.

La socióloga del CEDES, Mercedes Krause, precisa cómo se relaciona la norma con este descenso sin precedentes del número de niñas y adolescentes que llevaron un embarazo a término: “La Ley 27610 otorga un escenario habilitante para no continuar con un embarazo no deseado, ya que reconoce el derecho a decidir de manera voluntaria y sin dar explicaciones. El Protocolo para la atención reconoce explícitamente la autonomía relativa de niñas y adolescentes para brindar su consentimiento. Además, los avances en la implementación de la política sin dudas generaron más acceso: hay más servicios de salud disponibles, más insumos y más equipos de salud capacitados para realizar IVE/ILE”.

Para Krause, la complejidad del fenómeno requiere, sin embargo, de múltiples abordajes y variables: “Un mayor acceso a métodos anticonceptivos y a una diversificación de los métodos disponibles ─especialmente los de larga duración─, junto con la educación sexual integral y los cambios socioculturales que el movimiento de la marea verde trajo aparejados también son causa del descenso de la tasa específica de fecundidad adolescente”.

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Hacia adelante

Pensando en el futuro, el reporte 2022 del Proyecto Mirar imagina ciertos escenarios e identifica retos en pos de sortear amenazas y fortalecer la implementación de la política pública de aborto.

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En primer lugar, preocupan por ejemplo la aparición de cartillas religiosas en servicios de salud y los intentos dentro de hospitales de iniciar acompañamientos confesionales a mujeres embarazadas para convencerlas de no interrumpir las gestaciones. A la vez, son un llamado de alerta las declaraciones públicas de candidatos presidenciales contando sus planes por derogar la Ley 27.610.

En segundo lugar se plantea lo valioso de recabar información sanitaria completa de punta a punta del mapa y a lo largo de todo el sistema de salud ─y no solo público─.

Finalmente, se propone revisar regulaciones de incumbencias para involucrar nuevos recursos humanos ─como a las obstétricas y enfermeras─ en la atención de la salud sexual y reproductiva y, en particular, en la provisión de los abortos.

Agustina Ramón Michel pone el foco en el enorme potencial que tiene la ampliación de funciones de estas profesionales de la salud: “El personal de enfermería y las obstétricas pueden llevar a cabo varios de los procedimientos o tareas necesarias para una atención de calidad del aborto. En esa línea, surgen dos desafíos: leyes de incumbencias profesionales extremadamente restrictivas que han quedado viejas frente a la tecnología y la evidencia; y falta de debido entrenamiento en algunos centros educativos”.

En dos años y medio, y como nunca antes en la historia, miles de niñas, adolescentes, mujeres y otras personas gestantes accedieron al aborto seguro protegidas por un derecho conquistado y, ahora sí, oficialmente reconocido. Las nuevas batallas fomentarán el ejercicio de decisiones libres e informadas sobre la sexualidad y la capacidad reproductiva. Sigamos hablando de aborto.

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