Sociedad
Una jueza de Faltas de Bariloche pone en duda la legalidad de las multas por radares
Una diferencia no saldada entre el Ejecutivo municipal de Bariloche y la Justicia de Faltas sobre la legalidad de las infracciones de tránsito tomadas con sistema de fotomulta mediante radares generó un perjuicio importante a las cuentas públicas, que el intendente Walter Cortés calculó “entre 4.000 y 5.000 millones de pesos”.
Los controles callejeros en las avenidas urbanas están tercerizados desde hace varios años con la empresa Vial Control SA, que aporta la tecnología y percibe un porcentaje de la recaudación.
La jueza a cargo del Tribunal de Faltas II, Débora Bietti, mantiene desde hace meses su postura de desconocer las actas de infracción confeccionadas con esos radares y cámaras porque entiende que no están debidamente homologados.
El asesor letrado del intendente, Martín Domínguez, explicó que el Juzgado de Faltas “desconoce la mayoría de las multas” por un cuestionamiento técnico hacia los radares, que permanece sin resolver.
Dijo que esa posición de la jueza data se mantuvo sin cambios “desde que asumió Cortés”, en diciembre de 2023, “y aun antes”, porque recordó que en las reuniones de la “transición” con el gobierno saliente, ya había sido señalado como un problema.
Domínguez sostuvo que el conflicto remite especialmente a los radares ubicados en las avenidas Bustillo y Pioneros (una decena en total), y en la avenida 12 de Octubre. Y que la negativa de la jueza a darles trámite se acentuó desde que la Legislatura provincial sancionó en julio pasado una ley que suspendió el uso de radares de control de tránsito con el fin de readecuar el sistema de homologación.
En aquel momento desde la provincia transmitieron que los radares de Bariloche (así como los de El Bolsón y Dina Huapi) tenían sus habilitaciones en regla y no quedaban desactivados. Pero en la práctica eso no ocurrió, dijo Domínguez.
“La jueza sigue descartando las multas, porque dice que los cinemómetros no están habilitados. Pero todos tienen homologación vigente, tanto del INTI como del gobierno provincial”, aseguró el abogado.
Dijo que el gobernador Alberto Weretilneck firmó en Bariloche días atrás el traspaso al municipio de la avenida Bustillo y un artículo del convenio señala expresamente que cede también la operación de los radares para control de tránsito. Y solo eso debería bastar para resolver cualquier duda.
Según Domínguez, la mayor parte de las multas rechazadas son de velocidad, pero también hay infracciones por pasar semáforo en rojo. Refirió que al día de hoy el tema está “trabado” a la espera de que llegue un dictamen de la Fiscalía de Estado provincial, que solicitó la jueza de faltas.
Señaló también que la empresa operadora de los equipos “realiza acciones por cuenta propia con sus abogados”, para lograr la reactivación del cobro.
El Ejecutivo habla de un perjuicio millonario para el municipio
Desde la subsecretaría de Tránsito y Transporte confirmaron que hay un problema “serio” con la efectivización de las multas y que existe incluso un informe elaborado por la secretaría municipal de Hacienda que cuantifica el impacto económico del rechazo masivo de infracciones.
Este medio no pudo obtener ese detalle, pero Domínguez confirmó que el monto es cuantioso porque se acumuló durante largo tiempo y supera los 4.000 millones de pesos.
Aseguró que el municipio no persigue un fin recaudatorio, pero la pérdida de ese ingreso le causa un perjuicio importante. “Igual el problema supera lo económico y tiene que ver con la conducta de la gente -agregó-. Se había logrado que bajen casi a cero las multas de semáforo, por ejemplo. Es un aprendizaje que lleva años. Pero si se mantiene la falta de control y de cobro, la gente vuelve a hacer lo que quiere”.
La relación de Cortés con los jueces fue tortuosa desde un principio. Además del juzgado de Tránsito a cargo de Débora Bietti, está el juzgado I -para el resto de las infracciones- cuyo titular es Gustavo Contín.
El año pasado el intendente declaró la “vacancia” de ambos juzgados por considerar que los mandatos estaban cumplidos y promovió en el Concejo el llamado a concurso para reemplazar a Contín y Bietti. Pero los dos jueces impugnaron la decisión, presentaron acciones judiciales y Cortés no consiguió desplazarlos.
