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Una mujer asesinada más y van…

Este año ya sumamos tres femicidios en la provincia de Neuquén y, el último, el de Agostina de Cipolletti, también lo hacemos nuestro. Como el de cada una de las mujeres de nuestro país que fueron asesinadas en territorios donde se han sancionado leyes y se supone que existen programas para erradicar esta pandemia.

Como mujeres católicas, conocemos la realidad de la violencia de género y la violencia doméstica desde el trabajo cotidiano en comunidades y barrios; también desde nuestro caminar como iglesia diocesana, a través de las pastorales y muchas como trabajadoras en el campo de profesiones que nos vinculan a la violencia que se está padeciendo y va en aumento. Así, una vez más, nos llamamos a una reflexión profunda.

Vemos que como la vida no cotiza en bolsa, ha perdido valor desde la concepción misma, pasando por todas las franjas etarias y en todo el mundo. Hay muertes corporales, muertes mentales, muertes espirituales. Las vivimos y sufrimos a través de la pandemia por el coronavirus, la droga, la inseguridad en las rutas, el suicidio, la trata de personas, el hambre.

Todas estas vidas “matadas” nos pueden interpelar de diferentes maneras, según se miren las realidades actuales de cada país, zona o región. Sin embargo, creemos que la creciente fenomenología del femicidio, debe interrogarnos de manera muy especial como personas y como sociedad. No podemos quedarnos mirando sin ver y viendo sin hacer.

¿Qué estamos haciendo efectivamente ante esta realidad? Sabemos que es multicausal. Sabemos que es complejo. Sabemos que hay que plantear diversos abordajes desde diferentes ámbitos. Y también sabemos que aún hacemos muy poco. Casi nada.

Queremos recordar que este año se cumplen 10 años de la sanción de la Ley Provincial N°2786 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que “tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres tanto en el ámbito público como privado de la Provincia”.

Esta ley dice textualmente que el Estado provincial debe implementar el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia: monitorear y coordinar las políticas públicas con perspectiva de género; impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la Administración Pública y garantizar la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público; llevar a cabo capacitaciones continuas e interdisciplinarias en toda la Provincia, con el recurso profesional existente en los tres Poderes del Estado en toda la Provincia; promover, a través de la Subsecretaría de Gobiernos Locales e Interior, acciones semejantes en los gobiernos municipales”.

También detalla lo que deben hacer los diferentes organismos del poder Ejecutivo y refiere las Disposiciones Judiciales. En su artículo 26 explicita que el juez o la jueza pueden solicitar la colaboración de organizaciones públicas o privadas a los efectos de que brinden asistencia por los hechos denunciados. Entonces, podemos tomar conocimiento y acercarnos a los espacios de contención de las víctimas. Podemos complementar los trabajos de las organizaciones del Estado con nuestro acompañamiento material y espiritual.

Tenemos esta ley y otras que desconocemos, que no hacemos cumplir, que no controlamos, pero que nos permite tener un marco dentro del Estado, ya sea para pedir por su cumplimiento, como para hacernos parte de todo aquello que esté en nuestras posibilidades individuales y colectivas. Aún a sabiendas de algunos valiosos intentos y trabajos que se realizan desde algunos organismos, creemos que todo lo que hagamos es poco.

No podemos dejar de preguntarnos qué hace falta para que dejemos el “como sí…” para hacer algo concreto respecto de los recursos necesarios que permitan consolidar un trabajo articulado. Siguen faltando refugios para las víctimas que denuncian, vehículos de traslado, mejores sueldos para los equipos interviniente, estabilidad laboral porque se recambia a los profesionales y esta rotación no es buena para los casos que están bajo su intervención, lo que genera un manoseo a las víctimas y las familias. Es decir, se cumple con la urgencia en el primer momento, pero luego se enfría y no se siguen los casos debidamente.

No podemos dejar de preguntarnos qué se hace con el victimario, cuáles son los planes de acción concretos, qué espacios para internación hay, cuáles son las medidas de privación de la libertad, cuáles son los planes terapéuticos específicos que cumplen para hacer su seguimiento. Porque ahora, la víctima es la que tiene monitoreo y seguimiento, tiene rondines y policía en casa y el victimario anda suelto.

No podemos dejar de decir que es justo y necesario que se nos informe cabalmente sobre la actuación fehaciente de la policía, de los jueces y de los demás organismos del Estado.

Como mujeres católicas, no podemos callarnos ante esta situación y tenemos la obligación de ir a ver la realidad tal cual es y actuar sobre la misma antes de que sea tarde ─como lo haría Jesús─, que nos enseñó esta mirada fraterna. Ante los casos de violencia, tenemos que acompañar a la víctima.

Creemos que no hay paz verdadera sin justicia verdadera. Y no hay lágrimas que alcancen para pedir por la paz, cuando antes no se ha pedido por una verdadera justicia.

* Integrantes del colectivo Mujeres Católicas. Siguen otras 48 firmas.

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