¿Cuál es la situación de Uruguay en este momento con respecto al lavado de activos?
– Uruguay no es un centro regional de lavado de activos. Ni siquiera tiene el nivel de lavado de activos promedio de la región, está más abajo, pero como las 206 jurisdicciones del GAF tenemos lavado de activos, no hay ninguna jurisdicción mundial que no tenga en su seno lavado. Por lo cual hay que mejorar el sistema. Es imposible tener cero lavados de activos, pero hay que tener el sistema de prevención más afianzado, más eficiente y con mejor operatividad que sea posible, a los efectos de bajar el nivel de actividad y perseguir en la parte represiva con éxito a quienes lavan capitales.
Hay dos características muy particulares del delito de lavado de activos. Primero, no tiene apariencia delictiva, sino que se comete a través de acciones comerciales y financieras normales, por lo cual es difícil detectarlo. Y segundo, mayoritariamente se realiza a través de organizaciones criminales que tienen muchísimo dinero que viene de los delitos precedentes. Por ende, esas organizaciones utilizan mayores servicios de profesionales y técnicos, y complejizan las operaciones a través de las cuales se hacen el lavado de activos.
Los críticos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) señalaron al artículo que flexibiliza el monto que se puede pagar en efectivo llevándolo a los u$s 100.000. ¿Eso ha provocado algún cambio?
– No ha movido la aguja. Ahora, que es riesgoso, sí, que quedamos por encima de la media existente en Europa, también. Los que pusieron límite están, en general, por los 20.000 dólares. Entonces, hemos quedado un poco arriba. Lo que pasa es que, también, en Uruguay está muy planchado el dólar. De repente, los 20.000 dólares de Europa, acá son 40.000, porque el dólar acá vale muy poco. Lo del límite es absolutamente opinable. Tal vez sería más razonable poner 40.000 dólares. Es un tema técnico. La recepción por parte del colectivo que lo planteó, que fue la asociación de escribanos, fue muy favorable. Ellos están muy contentos con cómo ha simplificado su labor la utilización de dinero en efectivo. La gente no utiliza dinero en efectivo, sobre todo, por la misma razón que antes de la ley de inclusión financiera, no utilizábamos mucho dinero en efectivo, por un tema de seguridad. No voy a salir si voy a comprar un auto con 20.000 dólares en el bolsillo. Denme una letra cambio, voy y lo pago.
¿Hay que repensar la estructura de controles sobre el sistema financiero? Usted ha llegado a afirmar que “puede ser perforada”.
– Lo que hemos señalado es que puede ser repensado todo. Esta estructura con dos cabezas, una en el Banco Central, otra en la Seneclaf, separando el sector financiero del no financiero, se puede repensar. Hay un consenso que habría que ver si se puede mejorar unificando o no las supervisiones, cómo sería, si sería otro organismo, o se concentraría en la secretaria, pero básicamente el consenso que surge es que los técnicos deberían sentarse a ver si hay que rediseñar o no el sistema. Porque hoy el Banco Central controla el sistema financiero. Y nosotros, lo hacemos sobre 14.000 sujetos no financieros. En otros países está unificado.
¿Hay que poner más la lupa en los controles a los partidos políticos, tomando en cuenta el año electoral?
– Creo que no es un tema del año electoral. Hay que tener la mejor ley de financiamiento de partidos políticos que sea posible, y se ha avanzado muchísimo y los mejores controles dentro de lo posible del origen de los fondos que, sobre todo, van para la donación de campaña. Porque hemos dicho, el financiamiento permanente y el funcionamiento de los partidos políticos en Uruguay es muy claro y no presenta sobresalto ninguno. Básicamente, aportamos todos los uruguayos a través de los casi 14 dólares por voto que paga la Corte Electoral. Y después, quienes tenemos cargos electivos, políticos, o de particular confianza en representación de partidos políticos, aportamos una parte de nuestro sueldo para el funcionamiento de los partidos. Y eso es todo dinero de origen lícito, ahí no hay problema ninguno.
El tema son las donaciones para las campañas. Y eso no hay que preocuparse solo en el momento del año electoral, sino que hay que tener un mejor sistema de prevención de forma permanente para que no se filtre dinero de origen ilícito. Una de las modificaciones respecto de las cuales hay consenso es que los partidos políticos tienen que ser, por su condición de tales, siempre sujetos obligados. Porque hoy hay umbrales que determinan que partidos políticos muy chicos no sean sujetos obligados porque no llegan al nivel de ingreso o al nivel de monto patrimonial suficiente para ser sujetos obligados, y por ende no lo son. Y hay algunos que son sujetos obligados en año electoral porque perciben las cantidades que abona la Corte Electoral y en los años normales no, porque su financiamiento permanente es bajo. Básicamente hay que modificar, y seguramente se puede hacer hasta por decreto, la normativa de tal forma que el partido político, del tamaño que sea y tenga los ingresos que tenga, sea siempre sujeto obligado de la prevención de lavado activo.
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