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Sociedad

Violencia en Rosario: hirieron a un colectivero durante un intento de robo

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Delincuente hirió y amenazó con un arma falsa a un colectivero (Foto: Rosario 3)

Este viernes por la noche, un colectivero de la línea 110 de Rosario sufrió un puntazo en la mano durante un intento de robo. El corte se produjo mientras ambos forcejeaban.

El colectivero de 33 años del interno 3034 de la línea 110 se encontraba circulando por las calles Seguí y Felipe Moré, cuando un joven subió al transporte, sacó un arma de fuego y apuntó contra su persona. Además, usó un cuchillo para intentar sacarle el celular, sin embargo, el conductor empezó a forcejear.

En ese momento, el delincuente le dio un puntazo en el dedo y le provocó una herida en la mano. De inmediato, el hecho fue alertado por el botón de pánico a agentes del Comando Radioeléctrico, quienes acudieron al lugar del hecho.

Al arribar a la intersección donde se encontraba la unidad, una de las pasajeras le entregó a los suboficiales el arma que se había caído durante el forcejeo. Al analizarla, el personal policial detectó que se trataba de una réplica.

De acuerdo con lo informado por el sitio Rosario 3, el delincuente que amenazó e hirió al colectivero descendió del vehículo y escapó en dirección a la zona oeste por Matienzo.

Pese a que este hecho se trató de un intento de robo, se da en un contexto de terror para los colectiveros, debido a las reiteradas amenazas narco y los ataques que sufrieron los conductores semanas atrás.

Ataque colectivero Rosario
La zona en la que ocurrió el ataque

Los primeros 10 días de marzo fueron unos de los más sangrientos de Rosario en lo que va del año, puesto que se registraron varios crímenes en la vía pública. Detrás de estos homicidios están las organizaciones criminales que intentaban infundir miedo en las calles de la ciudad, como respuesta a las estrictas medidas que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó a implementar en los penales.

El 7 de marzo un colectivero de la línea K fue baleado en la cabeza en pleno recorrido en la zona noreste de Rosario. Se trata de Marcos Daloia, de 39 años, quien fue baleado prácticamente sin mediar palabra por un gatillero que se subió a la unidad, le disparó y luego se bajó para huir en una moto que lo esperaba a pocos metros. El hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció tras tres días de agonía, sumándose a la lista de víctimas de los atentados digitados por el narcotráfico.

En varias oportunidades, los delincuentes advirtieron que su objetivo serían taxistas, colectiveros, playeros y recolectores de basura. A fines de marzo, un colectivero de la empresa Movi encontró en la madrugada de este lunes en Rosario una amenaza en trozo de cartón dentro de una unidad de la línea 153 roja.

La intimidación decía: “Hoy uno menos con la mafia zona oeste”. El hallazgo se produjo en un galpón de la compañía ubicado en República del Salvador y Rueda, en el noroeste de la ciudad.

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La nota fue encontrada debajo de la puerta de la unidad 326, que estaba estacionada en el frente del galpón. El colectivo tiene cámara de videovigilancia interna, por lo que se dispuso revisar las imágenes para intentar determinar la identidad de la persona que realizó la amenaza.

El mensaje intimidatorio fue el inicio de una seguidilla de ataques contra unidades que se registraron horas después. Fueron cuatro los colectivos afectados.

El más grave de los episodios incluyó disparos de arma de fuego contra un vehículo del expreso interurbano sobre la Autopista Rosario-Buenos Aires. La unidad fue atacada cuando el chofer circulaba solo, sin pasajeros, ya que se encontraba viajando hacia el lugar donde iba a comenzar su recorrido nocturno. El hecho se produjo a la altura del arroyo Saladillo. Según informaron fuentes policiales, si bien en principio se reportó un ataque a piedrazos, luego se denunció una balacera que afectó una puerta y un vidrio. No hubo personas heridas. Esto derivó en un paro de actividades de la UTA para reclamar por la seguridad de los conductores.

Sociedad

Se celebró el 213 aniversario del Ejército Argentino

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miércoles 29 de mayo de 2024

Este lunes por la mañana el Municipio de San Carlos de Bariloche, representados por la Asesora Letrada, Yanina Sanchez, y el secretario Protección Ciudadana, participó del acto del 213º aniversario del Ejército Argentino en la Escuela Militar de Montaña.

El Ejército Argentino nació el 29 de mayo de 1810 por decisión del Primer Gobierno Patrio, que a través de una proclama reconoció el trabajo de las tropas militares durante el proceso revolucionario, elevó a Regimientos a los batallones existentes y reorganizó las unidades dispuestas en todo el territorio, reconociendo la actuación que las tropas habían tenido en esa semana de mayo tan trascendental para la historia argentina. La conformación del Ejército fue un paso fundamental en el camino hacia la futura independencia.

En la actualidad, el componente terrestre de las Fuerzas Armadas se ocupa de contribuir a la defensa nacional para proteger nuestra independencia y soberanía. Además, quienes lo integran están a cargo de la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la integridad territorial, así como de contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, económico y social, cooperar para el logro del bienestar general de las comunidades, y participar en misiones de paz y asistencia humanitaria.

Luego del acto las autoridades compartieron un desayuno dentro del cuartel junto a al personal militar en actividad y en retiro, junto a sus familias.

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Sociedad

Comunidad Buenuleo: condenan a 5 de los 8 acusados por usurpación

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El Tribunal de Juicio de Bariloche condenó a 5 integrantes de la comunidad Buenuleo por el delito de usurpación y le impuso la pena de un año y 3 meses de prisión en suspenso. Por el mismo delito absolvió a otras tres personas.

También condenó a dos personas por “perturbación del ejercicio de funciones pública”, ya que se probó que hicieron una amenaza de bomba en el edificio de Tribunales para suspender una audiencia en la causa. En este punto, el Tribunal desestimó la acusación de intimidación pública.

Impuso por este ítem una pena de tres meses en suspenso y una reparación económica que será destinada a la Biblioteca del Poder Judicial, para la compra de material de estudio.

Además, ordenó el “desalojo inmediato de la finca conocida como Pampa de Buenuleo”, aunque la “medida que se podrá efectivizar desde el momento en que a la presente cautelar le sea garantizado el derecho al “recurso” o “doble conforme judicial”.

Se arribó a la sentencia luego de siete jornadas de debate, donde brindaron declaración numerosos testigos de la acusación y de la defensa.

No está en juego la propiedad sino la posesión

Para el Tribunal, se probó que “aprovechando la ausencia de los cuidadores de la vivienda existente en el interior del inmueble, ingresaron en un caso por un camino principal y el resto por caminos y senderos internos no destinados a ser normalmente utilizados para el tránsito habitual a un inmueble, despojando de la posesión de la finca a quienes hasta ese momento la usufructuaban”.

La sentencia recordó que para configurar este delito “será indistinto que la persona posea o no título” de la propiedad, “ya que lo fundamental será que se halle efectivamente detentando la posesión”.

En efecto, “el orden penal no protege el nudo derecho de propiedad, sino a quien lleve adelante un efectivo ejercicio de las facultades que emergen de la posesión (en este caso) y luego se vea privado de ella”.

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Para que se configure el delito debe haber “clandestinidad”, es decir “actos ocultos llevados a cabo en ausencia del poseedor”. Esto se probó.

En el proceso testificaron varias personas que le en la década del 70 y del 80 le compraron lotes a Antonio Buenuleo. Dieron cuenta entonces no existía ninguna comunidad de pueblos originarios, que se conformó después.

La defensa

El defensor afirmó que la “posesión indígena o tradicional resulta diferente a la posesión del código civil”, que “estos derechos no son reales sino autónomos y de raigambre constitucional”. Argumentó que los acusados no podrían usurpar “algo” del que hace años que se encuentran en posesión (posesión tradicional o ancestral).

Recordó que “en nuestro ordenamiento jurídico vigente están receptadas las dos posesiones: la posesión del Código Civil se tiene que proteger, pero también la posesión indígena que protege la Constitución Nacional”.

El fallo

La sentencia recepta algunos argumentos de al Defensa: “Resulta incuestionable que para la comunidad indígena, el término territorio tiene una connotación especial, ya que es una expresión simbólica de su etnicidad, de su historia y de su cultura”. Asimismo, es “evidente que la propiedad comunitaria indígena implica un concepto nuevo de propiedad”.

Agregó que “adhiero al argumento de que ambos derechos de propiedad gozan protección constitucional”. 
Pero luego señala: “lo que resulta claro y evidente es que la ausencia de la ley no habilita a los imputados e imputadas (aún siendo integrantes de la Comunidad Buenuleo), a hacer uso de vías de hecho y/o que le sea permitido la realización de actos materiales tendientes a hacer efectivos derechos amparados normativamente”.

En este punto, tiene en cuenta el mismo argumento sostenido por el Superior Tribunal de Justicia en el fallo sobre este mismo proceso judicial.

Para el Tribunal “está fuera de discusión que la Comunidad indígena Buenuleo ha ejercido una posesión tradicional sobre parcelas de tierra comprendidas en el denominado lote pastoril 127, pero también resulta contundente la información ventilada en Debate que acredita que el señor Antonio Buenuleo -como titular registral de ese lote- realizó mediante boleto privado la venta de esas 92 hectáreas al señor Claudio Thieck”. Este último se la vendió “al señor Friedrich en el año 2009”.

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Aunque “la Defensa afirma que esos actos jurídicos son nulos por afectación de la voluntad del enajenante Buenuleo, este extremo escapa a la jurisdicción del Tribunal”y además “no incorporó ningún elemento de prueba que acredite dicha afirmación”.

En este orden, “lo que sí aparece como elocuente, es que estos actos jurídicos implicaron que se cediera la posesión a terceros (ajenos a la Comunidad Buenuleo) sobre esa porción de tierra, concretándose así una discontinuidad de la posesión tradicional (al menos sobre esta fracción)”.

Así, “resulta un dato incontrovertible que lo/as acusado/as conocían -por ejemplo- que el predio estaba siendo poseído por el Querellante al momento del hecho”. Por lo tanto, no se pueden convalidar cuestiones de hecho.  

Absoluciones

El fallo condena a cinco personas y a la vez absuelve a tres. Se trata de un lonko mapuche “que no pertenece a la Comunidad Buenuleo sino a otra Lof y que solo vino a acompañar una ceremonia religiosa”, de una persona que aclaró que “solo da talleres de lengua” sin pertenecer tampoco a la comunidad. Un tercero no se acreditó “por ningún medio” su participación.  

También el fallo rechaza el agravante por la participación de menores. Dijo que “no quedó probado en absoluto”. 
Finalmente, también se probó la amenaza de bomba en el Edificio de Tribunales para que se desarrolle una audiencia. Lo hicieron con testigos y también con las pericias de la OITEL, del Ministerio Público y los informes de llamadas pedidos a Movistar.

Desalojo

El fallo citó las anteriores etapas del proceso que ordenaron el desalojo. Cita el artículo 118 del Código Penal: “En las causas por infracción al artículo 181 del Código Penal, el juez, a pedido de parte o damnificado, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando del análisis de las condiciones fácticas, surja que, prima facie, se encuentran reunidos los requisitos típicos, el derecho invocado por el damnificado fuere verosímil, y exista peligro en la demora”.

Expresa el fallo que “el objetivo de su instrumentación de esta medida de coerción procesal es evitar la continuación y prolongación de los efectos lesivos de la usurpación, considerando que estamos frente “a un delito instantáneo de efectos permanentes”.

Concluye que “resulta evidente que el legislador (tanto el orden provincial como nacional) lo que busca o anhela es impedir que el delito siga produciendo consecuencias ulteriores, y el espíritu de las normas enunciadas resulta ser la protección inmediata de las personas damnificadas por el evento criminoso. De lo contrario estaríamos desnaturalizando la “razón de ser” de su protección legal, desdibujando la propia naturaleza preventiva o instrumental para que los efectos nocivos del despojo no prosigan”.

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